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Avanza Proyecto de ley de Rice-Singleton que Exigiría a Instituciones Públicas Detectar Disparidades Raciales en Contratación

Trenton – En un esfuerzo por abordar la discriminación continua contra las empresas propiedad de minorías, la legislación patrocinada por los senadores Ronald Rice y Troy Singleton requeriría que las entidades de todos los niveles de gobierno realicen estudios sobre las disparidades raciales y étnicas en la contratación pública. El proyecto de ley fue adelantado por el Comité de Preservación Histórica, Turismo y Gobierno Estatal del Senado.

“Los contratos gubernamentales ofrecen una gran oportunidad para un negocio estable y confiable. Desafortunadamente, debido a que las entidades tienden a renovar sus contratos una y otra vez, puede ser difícil para las empresas menos establecidas obtener contratos. Esto hace que sea especialmente difícil para las empresas pertenecientes a minorías entrar en este lucrativo espacio”, dijo el Senador Rice (D-Essex). “Tenemos la responsabilidad de garantizar que todas las empresas del estado tengan la misma oportunidad de presentar ofertas por contratos gubernamentales y que los contratos no se adjudiquen de manera desproporcionada a las empresas con propietarios blancos. Al recopilar estos datos, podemos responsabilizar a las instituciones públicas de diversificar con quién están haciendo negocios”.

“He sido un firme defensor de que los gobiernos estatales y locales fomenten, alienten y utilicen las empresas propiedad de minorías en Nueva Jersey”, dijo el Senador Singleton (D-Burlington). “Esta legislación requeriría que el sector público analice detenidamente la frecuencia con la que han contratado empresas propiedad de minorías en el pasado y mejore la transparencia y las oportunidades para el futuro”.

El proyecto de ley, S-318, requeriría que los gobiernos estatales y locales, las juntas de educación y las instituciones públicas de educación superior realicen un estudio de la disparidad racial y étnica en la adjudicación de contratos públicos durante los últimos cinco años. A partir de entonces, también se les exigirá que realicen más estudios cada cinco años.

El proyecto de ley fue liberado del comité por una votación de 5-0.