Comité del Senado Aprueba Legislación de Ruiz / Sarlo Sobre Incentivos Fiscales en favor de la Recuperación Económica

Proyecto de ley autoriza miles de millones en incentivos fiscales durante siete años, requiere Acuerdos de Beneficio Comunitario, instituye el Inspector General

Trenton – El Comité Senatorial de Presupuesto y Asignaciones aprobó ayer una legislación patrocinada por los senadores M. Teresa Ruiz y Paul Sarlo que autorizaría más de $ 14 mil millones en incentivos fiscales durante los próximos siete años para estimular el crecimiento económico.

El Proyecto de Ley del Senado 3295, la Ley de Recuperación Económica de 2020, crearía un Inspector General independiente para monitorear los programas de subvenciones, garantizar que las comunidades locales se beneficien de los proyectos y continuar el programa existente de Desarrollo y Crecimiento Económico (ERG) para concluir las solicitudes pendientes que han estado en el limbo durante 18 meses.

“Esta es una legislación integral que hará crecer nuevas industrias y fomentará la innovación en todo el estado. Creará una mayor inversión en nuestras comunidades al proporcionar más incentivos para ubicarse en municipios en dificultades, construir viviendas asequibles y reconstruir zonas industriales abandonadas”, dijo la Senadora Ruiz (D-Essex), el patrocinador principal. “Esta legislación ayudará a aumentar el acceso al empleo en industrias de alto crecimiento, impulsará el desarrollo económico sostenible y, lo que es más importante, ayudará a nuestro estado a recuperarse del impacto económico de la pandemia de COVID-19. Este esfuerzo tiene un enfoque equilibrado, garantizará una inversión responsable, una mayor supervisión y beneficios comunitarios tangibles”.

El senador Paul Sarlo (D-Bergen / Passaic), presidente del Comité Senatorial de Presupuesto y Asignaciones y coprincipal patrocinador del proyecto de ley, dijo que esperaba que la legislación fuera aprobada por el pleno del Senado y la Asamblea con apoyo bipartidista el lunes.

“Nueva Jersey tiene enormes ventajas para los negocios con nuestra ubicación, nuestra fuerza laboral calificada, las escuelas mejor rankeadas y nuestra extensa red de transporte multimodal, pero nuestra capacidad para competir se ha visto obstaculizada durante los últimos 18 meses por nuestra eliminación unilateral de incentivos fiscales y programas que ofrecen todos los demás estados”, dijo el Senador Sarlo.

“Esta legislación proporciona más de $ 14 mil millones en incentivos fiscales durante siete años que necesitaremos para estimular el crecimiento empresarial y laboral a medida que salimos de una crisis pandémica que ha devastado amplios sectores de nuestra economía. Más importante aún, esta legislación proporcionará incentivos fiscales para atraer los trabajos que queremos: trabajos que pagan altos salarios en industrias de vanguardia que transformarán comunidades, se asociarán con nuestro sector de educación superior en I + D, brindarán capacitación laboral valiosa y serán buenos ciudadanos corporativos” dijo.

El exsenador Ray Lesniak, quien se desempeñó como asesor especial de la Oficina de la Mayoría del Senado en el desarrollo de la nueva legislación de incentivos fiscales, ensalzó el proyecto de ley de compromiso e instó a que se apruebe rápidamente.

“Lo que tienen ante ustedes son los ingredientes del programa de desarrollo económico más poderoso de Estados Unidos”, dijo Lesniak, ex presidente del Comité de Crecimiento Económico del Senado. “No es solo un programa económico, también es un programa de justicia social. Ayudará a construir viviendas asequibles, rehabilitará atracciones turísticas históricas en nuestras ciudades y traerá alimentos menos costosos y nutritivos a áreas de bajos ingresos, actualmente llamados desiertos alimentarios.

“Reactivará instalaciones productivas en abandono. En algunos casos, el estado se asociará con una empresa para ayudarla a crecer y participará en ese crecimiento. Brindará asistencia a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia ”, dijo, y señaló que el proyecto de ley requiere una supervisión estricta por parte de la Autoridad de Desarrollo Económico del estado e informes preparados de forma independiente para el gobernador y la legislatura sobre los beneficios netos de los proyectos.