Senado Aprueba “Ley Daniel” que Protegería Mejor a Jueces y Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley

Trenton – Para ayudar a proteger la seguridad de los jueces, fiscales y agentes del orden, el Senado aprobó hoy un proyecto de ley patrocinado por el senador Joe Cryan, el senador Nick Scutari, la senadora Nellie Pou y el senador Bob Smith que protegería sus direcciones y números de teléfono de ser divulgados públicamente.

El proyecto de ley, S-2797, prohibiría la divulgación de las direcciones de los hogares de funcionarios judiciales, fiscales, agentes del orden público federales, estatales y municipales actuales o jubilados, sus cónyuges y sus hijos.

Los senadores actuaron en respuesta al ataque fatal contra un juez federal en Nueva Jersey. Daniel Anderl, el hijo de 20 años de la jueza de distrito estadounidense Esther Salas, fue asesinado a tiros cuando abrió la puerta principal de la casa de la familia a un asaltante armado que pudo localizar la residencia accediendo a su dirección. El esposo del juez Salas, Mark Anderl, un destacado abogado, resultó gravemente herido en el tiroteo.

La jueza Salas ha pedido medidas para proteger mejor a los jueces como una forma de honrar a su hijo. La legislación se titula “Ley Daniel”, en su memoria.

“Este fue un ataque violento contra un juez y su familia que llegó directamente a la puerta de su casa porque el hombre armado sabía dónde encontrarlos”, dijo el senador Cryan (D-Union), un ex alguacil del condado de Union que supervisó la seguridad del juzgado en el condado de Union. “También fue un ataque al sistema judicial y al estado de derecho que se administra con equidad. Es una terrible tragedia que le quitó la vida a un joven con un futuro prometedor. Este proyecto de ley honrará el legado de Daniel Anderl y respetará los recuerdos amorosos de su familia”.

“Debemos actuar para proteger a nuestros funcionarios públicos y sus familias de posibles ataques. El hecho de que la jueza Salas fuera atacada en su residencia privada por un hombre armado, que resultó en la trágica muerte de su hijo y las graves heridas de su esposo, subraya la necesidad de que hagamos más para proteger a nuestros jueces y sus familias ”, dijo el Senador Scutari ( D-Union), presidente de la Comisión Judicial del Senado. “El terrorismo doméstico es una amenaza muy real en la sociedad actual. No hace mucho, un hombre armado intentó quitarle la vida a la entonces congresista Gabby Giffords, otro hombre armado abrió fuego en un juego de softbol del Congreso y, más recientemente, se produjo un complot frustrado para secuestrar y asesinar al gobernador de Michigan. Este es un primer paso vital para garantizar la seguridad de nuestros funcionarios públicos en Nueva Jersey”.

“Los jueces y otros funcionarios judiciales que sirven a nuestro sistema legal merecen estar protegidos de cualquier posible ataque o represalia por simplemente cumplir con sus obligaciones juradas. Lo que le sucedió a la jueza Esther Salas y su familia, y en particular la muerte a tiros de su hijo, Daniel, en su propia casa, nunca debe volver a suceder”, dijo la Senadora Pou (D-Bergen / Passaic). “Esta ley, que restringe el acceso a las direcciones de los hogares de los jueces y otras personas que trabajan en nuestro sistema judicial, agregará una capa de protección necesaria para estos servidores públicos”.

“Como representante y residente del condado de Middlesex, me sorprendió, me rompió el corazón y me enfureció el ataque a la casa contra la jueza Salas y su familia, que dejó a su esposo gravemente herido y terminó con la muerte de su hijo, Daniel”, dijo el Senador Smith ( D-Middlesex / Somerset). “La familia Salas se encuentra entre mis constituyentes, por lo que es importante para mí ser parte de cualquier acción que tomemos en respuesta a este horrible incidente. Tenemos que hacer más para proteger a nuestros jueces, fiscales y oficiales de represalias violentas, especialmente en un momento en que la gente está planeando violencia física contra funcionarios públicos”.

La medida convertiría en un delito de tercer grado divulgar esta información “a sabiendas y deliberadamente” para exponer a otra persona a acoso o riesgo de daño a la vida o la propiedad, punible con tres a cinco años de prisión, una multa de $15,000 o ambas. Hacer pública esta información con un “desprecio imprudente” por los riesgos que pueda causar a otra persona sería un delito de cuarto grado, punible con hasta 18 meses de prisión, una multa de $10,000 o ambas. La legislación también establecería responsabilidades civiles.

La votación del Senado fue 39-0.